Quizá él nunca lo hubiera sospechado. Que era un agote. Suministró las tarjetas de los móviles que se utilizaron en el atentado del 11 de marzo. ¿Las suministró? Las vendió, porque ese era su trabajo. Más tarde, unos testigos afirmaron haberle visto en los trenes que explotaron. Ahora, varios artículos de
El Mundo nos invitan a dudar de estos testimonios. Una de los testigos afirma que lo vio un año después de los atentados. Previamente, había sido rechazada varias veces su solicitud como víctima de los atentados; incluso se creía que no estaba en ninguno de los trenes. Su testimonio le permitió cobrar una indemnización de 48.000 €. Jamal Zougam nunca estuvo en estos trenes, no es un terrorista. Pero lleva siete años en la cárcel. Incomunicado. Y luego, el mismo gobierno que ha premiado al juez que le emitió la condena critica la existencia de Guantánamo.
Hace años, un alcalde de Jerez afirmó que la justicia española es un cachondeo. Se equivocaba. La justicia española no es de risa. Es atroz. Años en la facultad de derecho y, en muchos casos, unas oposiciones, que deberían garantizar el conocimiento de las leyes, para que luego un juez sentencie como el gobernador de la ínsula Barataria, según la emoción del instante o el gobierno del momento. Y esto último no es hablar por hablar. Hace siete años y medio, cuando el PSOE llegó al poder gracias a los atentados del 11 de marzo, Garzón dijo que la justicia debía adaptarse a la nueva situación política. Dios nos libre, a nosotros, pobres agotes, de una sala de justicia.
